Orden de exterminio

La orden de exterminio es el nombre que se usa comúnmente para referirse al decreto ejecutivo firmado el 27 de octubre de 1838, por Lilburn W. Boggs, gobernador del estado de Misuri durante la guerra de 1838 entre los mormones y Misuri¹. Con esta orden se pretendía poner fin al conflicto rápidamente haciendo un llamado a que los mormones fuesen “exterminados o expulsados del estado de ser necesario”².

A lo largo del año 1838, grupos de justicieros antimormones habían estado amenazando y atacando a los colonos Santos de los Últimos Días en Misuri. Para octubre, las autoridades civiles al noroeste del estado habían colapsado, y los antimormones expulsaban de sus casas a los miembros de la Iglesia. Las milicias locales desoyeron en general las peticiones de los santos que clamaban por protección de los ataques de los populachos. Los Santos de los Últimos Días tomaron medidas de autodefensa, y algunos atacaron sitios donde sospechaban que se guarecían los populachos, quemando las edificaciones y confiscando los bienes. Cuando una compañía de la milicia estatal se enfrentó en el río Crooked River con una patrulla de mormones que iban al rescate, hubo disparos de ambas partes y tres mormones y un no mormón resultaron muertos³.

La escaramuza exacerbó a la prensa local, ya de por sí hostil, quienes exageraron la violencia mormona. Además, los conflictos ocurrían a más de 160 kilómetros de la capital del estado, lo que impedía una comunicación eficaz. En todo el estado, muchos pensaban que los mormones estaban librando una guerra y eran quienes tomaban la ofensiva. El gobernador Boggs, habiendo concluido que los mormones se habían “declarado abiertamente en oposición a las leyes”, y que habían “hecho la guerra contra el pueblo de este estado”, emitió un decreto ejecutivo por el que autorizaba a las fuerzas del estado a reprimir la supuesta insurrección⁴.

El general Samuel D. Lucas, quien tenía a la milicia del estado acampada a las afueras de Far West, donde se hallaba las oficinas generales de la Iglesia, recibió la orden el 30 de octubre y marchó hacia la ciudad. Él exigió que todos los Santos de los Últimos Días traspasaran sus propiedades a los no mormones para compensarles sus pérdidas, y abandonaran inmediatamente el estado. Luego de arrestar a José Smith, Lucas celebró una apresurada corte marcial y exigió que José fuese ejecutado. Alexander Doniphan, el oficial encargado de dirigir la ejecución, se negó a obedecer la orden, considerándola ilegal. Sin embargo, la mayoría de los miembros de las milicias del estado aplicaron la amenaza del empleo de la fuerza, según los autorizaba la orden, resultando finalmente en que los santos emigraron masivamente hacia Illinois⁵.

Las intenciones que tuvo Boggs para promulgar el decreto ejecutivo aún no están claras. Muchos piensan que él autorizó un genocidio y vinculan la orden [de exterminio] con la muerte de 17 Santos de los Últimos Días en la masacre de Hawn’s Mill, tres días después de promulgado el decreto. Pero fueron los vigilantes o justicieros antimormones, y no las milicias del estado, quienes perpetraron la masacre, y ninguna evidencia indica que los justicieros supieran del decreto del gobernador.

Por aquellos días, el significado del término exterminio incluía la posibilidad de la evacuación forzada. Por ejemplo, en el caso de la reubicación forzada de los aborígenes norteamericanos, los oficiales de los Estados Unidos emplearon la frase guerra de exterminio para describir el uso de la fuerza para lograr la “expulsión total” o el “exterminio total” de los indios⁶. Los oficiales militares anticipaban enfrentar resistencia hostil ante las órdenes de expulsión, por lo que la “extinción” era una posibilidad, aun cuando el resultado más probable fuese la evacuación⁷.

Aunque la opinión pública se conservaba dividida, la orden de expulsión tuvo críticos moderados. Un mes después de emitida la orden, un legislador no mormón escribió un editorial condenando el uso de las milicias estatales en contra de los mormones, calificándolo como una violación de los derechos cívicos y religiosos. Menos de dos meses después, un miembro de la legislatura del estado de Misuri calificó a la orden de inconstitucional y prometió cuestionarla aun “si él quedara solo en medio de diez mil personas”⁸. Las comunidades de Illinois ofrecieron amparo y seguridad a los refugiados Santos de los Últimos Días, y expresaron sus sus objeciones a las persecuciones en Misuri. La violencia contra los santos captó la atención de la nación hacia finales de 1839, cuando José Smith lideró una delegación en la capital del país que buscaba indemnización⁹.

En el siglo que siguió a la expulsión del cuerpo principal de los santos, hubo pequeños grupos de mormones que vivieron en el estado de Misuri, aparentemente sin conflictos. Con el paso del tiempo, la Iglesia estableció ramas y estacas en todo el estado. Hacia fines del siglo XX, hubo más personas que reconocieron la inmoralidad de la violencia estatal en contra de los grupos minoritarios. En 1976, el gobernador de Misuri, Christopher S. Bond revocó oficialmente la orden de Boggs, argumentando que “claramente contravenía los derechos a la vida, libertad, propiedad y libertad religiosa”, garantizados tanto por la constitución de los Estados Unidos como por la del estado de Misuri. En nombre de los ciudadanos de Misuri, Bond expresó “profundo pesar por las injusticias y los sufrimientos injustificados”¹⁰.

Temas relacionados: Guerra de 1838 entre los mormones y Misuri; Masacre de Hawn’s Mill; Vigilantismo, Justicieros; Cárcel de Liberty; Violencia en el condado de Jackson